La fianza en los contratos de arrendamiento

En virtud de un contrato de alquiler, arrendador y arrendatario adquieren determinadas obligaciones, como por ejemplo el pago de la renta por parte del inquilino y la puesta a disposición del inmueble objeto de arrendamiento por parte del propietario, pero existen muchas otras, entre las que se encuentra la obligación de prestar fianza legal arrendaticia.

La fianza legal arrendaticia atiende a un interés esencialmente protector del arrendador, puesto que pretende garantizar la devolución del inmueble objeto de arrendamiento en el mismo estado en que lo cedió, es decir, la fianza responde a un fin último que es el de responder ante los posibles daños que el inquilino cause en la vivienda.

La ley establece que la fianza deberá alcanzar una mensualidad de la renta pactada para los arrendamientos de vivienda y dos mensualidades de renta para los arrendamientos de uso distinto del de vivienda, por ejemplo los locales de negocio, debiéndose abonar en efectivo al tiempo de la celebración del contrato. Es importante conocer la obligación del arrendador  de depositar dicha fianza en la entidad gestora de la Comunidad Autónoma correspondiente.

En cuanto a su devolución, la ley concede al arrendador el plazo de un mes desde la entrega de llaves, para practicar la oportuna liquidación del contrato y restituir el saldo resultante de la fianza al arrendatario.

En este sentido, y como es que la fianza tiene finalidad garantista del cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, al finalizar el arrendamiento es preciso liquidar las posibles responsabilidades u obligaciones pendientes del arrendatario, de forma que, si el arrendatario ha cumplido con sus obligaciones, el arrendador deberá restituirle la fianza íntegramente, pero si el arrendatario incurrió en responsabilidad se le restituye únicamente la diferencia entre lo entregado y la cantidad que corresponda a la satisfacción de tales obligaciones, si quedare remanente.

A fin de prevenir futuras disputas sobre desperfectos de que adoleciera el inmueble al finalizar el arriendo, y su imputabilidad o no al inquilino,  resulta imprescindible la realización de un inventario al tiempo de celebración del contrato de arrendamiento, así como preparar prueba suficiente al tiempo de su extinción.

Publicado en La Voz de Ronda

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