La excedencia voluntaria

El régimen jurídico de las excedencias se encuentra recogido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
Existen dos tipos de excedencias en el trabajo con diferentes efectos y causas:

a) La excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

b) La excedencia voluntaria, que es la que entraremos a analizar y cuyos efectos son:

- Que el contrato de trabajo permanece en vigor, y por tanto, el trabajador no puede solicitar el subsidio por desempleo.

- El trabajador queda totalmente exonerado de la obligación de trabajar y el empresario de pagar el salario.

- El tiempo de duración de la excedencia no computa a efectos de antigüedad.

- El trabajador, en defecto de pacto con la empresa, sólo tiene un derecho de reingreso preferente en un puesto de igual o similar categoría profesional.

El trabajador puede disfrutar de excedencia voluntaria por cualquier causa cuando tenga al menos un año de antigüedad en la empresa. No se debe justificar la causa de la excedencia, que puede ser profesional o personal, siempre que sea compatible con la buena fe contractual. Si es un trabajador que ya había solicitado una excedencia voluntaria deberán transcurrir al menos cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

El trabajador no puede adoptar unilateralmente la decisión de la excedencia, sino que tiene que ser aceptada por la empresa. En caso de ser denegada el trabajador debe solicitarla judicialmente, permaneciendo en el puesto hasta que sea dictada la sentencia estimatoria.

El reconocimiento de la situación de excedencia voluntaria por parte del empresario debe ser expreso, y preferiblemente de forma escrita. Siempre que se cumplan las formalidades establecidas por la negociación colectiva o por el acuerdo individual el empresario tiene que reconocer la excedencia voluntaria fijando el inicio de la misma.

Una vez reconocida, ni el empresario puede revocarla, ni el trabajador solicitar su reincorporación antes de la finalización de la misma. No, obstante si la empresa da por concluida la relación laboral antes de la finalización de la excedencia, basándose en la negativa del trabajador a reincorporarse al trabajo antes de la finalización de la excedencia, constituye un despido improcedente.

Según lo establecido en el apartado segundo del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, la duración de la excedencia voluntaria será no inferior a cuatro meses y no superior a cinco años.

Una vez disfrutada la excedencia por el tiempo solicitado por el trabajador, éste debe solicitar su reingreso antes de que finalice su situación de excedencia voluntaria. En defecto de pacto de reserva de puesto, el reingreso no tiene por que producirse en el mismo puesto, sino que basta con un puesto de similar categoría.

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La inviolabilidad del domicilio del inquilino

En muchas ocasiones algunos arrendatarios se preguntan si es legal que el arrendador de la vivienda que tienen alquilada entre en la misma con total libertad, y la respuesta como veremos a lo largo del presente artículo es no.

Nuestro ordenamiento jurídico regula este asunto en diferentes textos legales, como son la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Código Civil, la Constitución Española y el Código Penal entre otros. Así el artículo 2 de la LAU establece que se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.

La inviolabilidad y protección del domicilio y la intimidad personal y familiar que mediante ella se tratan de salvaguardar, tienen rango de derecho fundamental en la Constitución, concretamente en su artículo 18.2, donde se recoge que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona establecido para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las agresiones exteriores de otras personas, exención o inmunidad que tienen como razón de ser que el domicilio es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima.

Por ello, La Ley de arrendamientos urbanos en su artículo 27.3.b, permite al arrendatario resolver el contrato de alquiler por la perturbación de hecho o de derecho que realice el arrendador en la utilización de la vivienda.

El domicilio también se protege en el Código penal, con la tipificación de la conducta conocida como allanamiento de morada, con pena de prisión de 6 meses a 2 años al particular que, sin habitar en la misma, entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador.

Pero ¿qué ocurre en el supuesto en el que el inquilino no paga la renta? ¿Y si ha vencido el plazo de contrato pero no quiere irse?

En nada cambia el principio general, el domicilio sigue siendo inviolable y el propietario debe acudir a los tribunales para que declare el contrato de arrendamiento resuelto, sea por impago, por vencimiento del término o por cualquier tipo de incumplimiento que acarree la resolución del mismo. Sólo cuando un juez declare resuelto el contrato mediante una sentencia, y además esa sentencia se haga efectiva, podrá el propietario volver a acceder a su vivienda legalmente.

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Anteproyecto de Ley de protección de vida del concebido

El Consejo de Ministros recibió el pasado mes de diciembre un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. El Anteproyecto, garantiza la protección de la vida del concebido no nacido como bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución. No obstante, señala que la protección de la vida del “nasciturus” no tiene un carácter absoluto si entra en colisión con la vida y la dignidad más esencial de la mujer, derechos estos también reconocidos en la Carta Magna.

Por tanto, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser eximida de castigo penal dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos bajo determinadas condiciones.

Así, cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad o indemnidad sexual prevalecerá el derecho a la dignidad más esencial de la mujer, que podrá interrumpir la gestación en las doce primeras semanas tras interponer la correspondiente denuncia.

El otro supuesto que no será punible es la existencia de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, con permanencia o duración en el tiempo, y en estos casos, la interrupción de la gestación debe realizarse en las veintidós primeras semanas. Para acogerse a este supuesto será necesario un informe previo emitido por dos médicos especialistas en la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer y ajenos al centro donde se practique el aborto. Si el peligro tiene su origen en anomalías incompatibles con la vida del feto, el informe sobre la madre solo tendrá que estar firmado por un médico y no dos, pero será necesario otro sobre el feto. Si hay peligro vital para la mujer, no será necesario ningún informe.

No se podrá alegar la existencia de discapacidad para interrumpir voluntariamente el embarazo, de tal forma que no se cometa algún tipo de discriminación por este motivo. No obstante, esta circunstancia podrá ser tenida en cuenta si causa un grave daño físico o psicológico a la madre. La interrupción del embarazo sólo podrá practicarse más allá de las veintidós semanas en el caso de que exista un peligro vital para la mujer o el peligro para la salud de la madre derive de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes o que sólo en ese momento lo sea con un diagnóstico certero.

El texto también prevé que para interrumpir voluntariamente el embarazo las jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años de edad y las mayores sujetas a curatela presten su consentimiento, pero también deban contar con el asentimiento de los padres o tutores o curadores. Si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés.

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Exceso de ruido en comunidades

El ruido es una inmisión molesta de constatados efectos perniciosos, de tal modo que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos puede producir efectos negativos sobre la salud de las personas, así como sobre su conducta social.

Ello supone que progresivamente ha sido objeto de una más eficaz tutela de los tribunales, respondiendo a una creciente conciencia ciudadana respecto al derecho que todos los ciudadanos tienen de gozar de un medio ambiente adecuado, enlazado con derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, además de su protección en el orden civil en el ámbito de las relaciones de vecindad.

Así, puede acudirse en estos casos a la vía civil del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, aunque la comunidad de propietarios también está legitimada para acudir a comisaría o al juzgado de guardia e interponer una denuncia por delito del artículo 325 Código Penal .

En cualquier caso se aconseja primero utilizar la vía del requerimiento del artículo 7.2 LPH concediendo plazo para que cese en la molestia y es en el caso de no aceptarlo cuando se pueda convocar junta para acordar el ejercicio de acciones judiciales u optar por acudir a la vía penal, para lo que no se requiere acuerdo de junta, sino que podrá ir el presidente directamente a comisaría, juzgado o fiscalía.
La utilización de la vía penal entendemos que es, obviamente, una opción muy rápida y expeditiva, y no olvidemos que la sanción penal es sumamente elevada al fijarse en una penalidad de entre dos y cinco años, lo que en algunos casos ha conllevado que se hayan fijado penas de hasta cuatro años de prisión ante hechos graves en los que el ámbito de perjudicados es elevado, como ocurre en los casos de excesos de ruidos de salas de fiestas, discotecas, bares, etc. que ha provocado en el vecindario importantes daños psicológicos ante las reiteradas molestias provocadas.

Es obvio que será difícil acreditar la existencia de un daño derivado del hecho de soportar un ruido durante largo tiempo, pero éste será valorado por el juez en orden a estimar la repercusión del sometimiento de los vecinos a un excesivo ruido.

Es carga de la prueba de la comunidad de propietarios acreditar que existe un ruido que excede lo tolerable según las mediciones administrativas, por lo que la opción de medir o calibrar la intensidad del ruido se perfila como el medio acreditativo idóneo para determinar si la sonoridad que pudiera ocasionar la actividad que se desarrolla en el piso o local se encuentra, o no, dentro de los límites máximos permitidos por la legislación municipal y autonómica, de modo que, sólo si excede de dichos límites, podrá considerarse como una inmisión ilícita causante de una molestia intolerable.

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Derechos de los usuarios ante la cancelación o retraso de un vuelo

Cuando viajamos en avión uno de los temores más frecuentes que tenemos es que nuestro vuelo se vea cancelado o que salga con retraso por la alteración que ello genera en nuestros planes. Por ello, es importante conocer nuestros derechos ya que en numerosas ocasiones las compensaciones que se prevén para estos casos no llegan a hacerse efectivas por mero desconocimiento de las mismas.

El Reglamento número 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de fecha 11 de febrero de 2004, establece las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos cuya finalidad no es otra que reforzar las normas de protección de los derechos de los pasajeros.

Los pasajeros afectados por la cancelación o retraso de su vuelo tienen derecho a recibir comida y refrescos suficientes, en función del tiempo de espera y dos llamadas telefónicas, mensajes de fax o correos electrónicos de forma gratuita, alojamiento si la salida está prevista como mínimo al día siguiente, así como el transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.

Y tendrán derecho a una compensación económica en caso de cancelación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1500 kilómetros,  400 euros para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros y los demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros y 600 euros para el resto de vuelos.

No obstante, la Compañía no estará obligada a hacer frente a las compensaciones previstas cuando informe a los pasajeros de la cancelación con suficiente anterioridad o cuando se pueda probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias.

Para los retrasos se tendrán derecho a una compensación económica en función de las horas de retraso y los kilómetros del vuelo, sin embargo, en los casos en que el retraso del vuelo sea como mínimo de cinco horas, la compañí­a está obligada a ofrecer al pasajero el reembolso del coste del billete del vuelo en 7 dí­as al precio en el que se compró.

En atención a todo ello, se desprende la importancia del conocimiento de los derechos que nos asisten para en caso de encontrarnos ante estas incidencias saber que podemos reclamar como pasajeros, siendo que no toda cancelación o retraso genera el derecho a reclamar por ello, sino solo cuando se cumplan los requisitos antes expuesto.

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Medidas cautelares civiles

En un procedimiento judicial, desde que se interpone la demanda hasta que llega a celebrarse el juicio y se dicta la sentencia, puede transcurrir un lapso de tiempo superior al que desearíamos pudiendo incidir el mismo en la eficacia de la sentencia.

Para evitar el riesgo que puede suponer este transcurso de tiempo para las pretensiones de la parte demandante, nuestro Ordenamiento Jurídico dispone de las medidas cautelares, cuyo objetivo es asegurar la efectividad del derecho invocado en caso de dictarse una sentencia estimatoria que ponga fin al procedimiento en cuestión.

Para su adopción deben concurrir los siguientes presupuestos:

- El solicitante debe justificar que de no adoptarse las medidas interesadas, durante el proceso podrían producirse situaciones que provocaran que la sentencia quedara carente de eficacia.

- Acreditar la existencia del derecho invocado.

- Como norma general, el solicitante deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

La ley deja al arbitrio del demandante las medidas que debe solicitar para cada caso concreto, sin embargo, a modo orientativo prevé que podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a.- El embargo preventivo de bienes, para asegurar el cumplimiento de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o cosas fungibles computables a metálico.

b.- La intervención o la administración judicial de bienes productivos, cuando se pretenda sentencia en la que se condene a su entrega.

c.- El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.

d.- La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos.

e.- La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta.

Además de éstas, se prevé la posibilidad de adoptarse como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación que vaya destinada exclusivamente a hacer efectiva la pretensión que pudiera verse otorgada en una eventual sentencia estimatoria, de forma que la misma no pueda ser impedida por situaciones que acontezcan mientras dure el proceso.

No obstante, se exige que, en caso de poder optar por diversas medidas de la misma eficacia para el fin que se persigue, la medida interesada sea la menos gravosa o perjudicial para el demandado.

Las medidas cautelares deberán solicitarse junto con la demanda principal o bien antes de la demanda si se acreditan razones de urgencia o necesidad. Excepcionalmente, se podrán solicitar medidas cautelares con posterioridad a la presentación de la demanda cuando la petición se base en circunstancias que justifiquen dicha solicitud tardía.

Durante el proceso si el Juez estima que concurren todos los requisitos exigidos para ello, accederá a la medida cautelar interesada, debiendo fijar con precisión la medida acordada, el régimen de la misma, así como la caución que deba prestarse.

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Desaparece el índice IRPH de bancos y cajas

Desde el pasado 1 de noviembre han dejado de existir los índices que han servido de referencia para marcar la cuota mensual de miles de hipotecas en nuestro país. Desaparecen los índices hipotecarios IRPH de cajas, bancos y el tipo de activo de referencia de las cajas de ahorros (CECA), que fueron habituales en años anteriores y que ahora deberán sustituirse por nuevas referencias. El IRPH es un índice mucho más estable que el Euribor aunque históricamente siempre ha estado por encima de él, fluctúa menos en el tiempo y reacciona más lentamente frente a subidas o bajadas de los tipos de interés.

Aunque no hay estadísticas oficiales, se calcula que en torno a un 10% del volumen total de los préstamos destinados a la compra de una vivienda tiene uno de estos indicadores como referencia por lo que son miles los afectados que se preguntan qué va a pasar con sus hipotecas.

La nueva ley de emprendedores contempla que el IRPH-Cajas e IRPH-Bancos serán sustituidos por el tipo previsto en el contrato hipotecario. Y, en caso de que no exista, por un nuevo valor, el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en España. Un referente que se extraerá de la “media de las diferencias entre el tipo que desaparece y el nuevo valor, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en que efectivamente se produce la sustitución del tipo”.

Podemos encontrarnos, pues, ante tres escenarios:

1.- El índice sustituto sea el Euribor o el IRPH Conjunto de Entidades.

2.- En otras ocasiones, el índice sustituto también pudo desaparecer a partir del 1 de noviembre. En este caso, se aplica el nuevo índice aprobado por el Gobierno.

3.- También puede darse el caso de que en las escrituras no figure ningún sustituto. En este caso, al igual que en el punto anterior, se aplicará la nueva referencia que fija la Ley de Emprendedores.

El coste final de la hipoteca viene determinado no solo por el índice de referencia sino por el diferencial que se le aplica. En todo caso, el índice CECA era el más elevado de las referencias hipotecarias que desaparece y era del 6,25% en el mes de septiembre, según los últimos datos oficiales del Banco de España. El dato para el IRPH de bancos es del 3,267% y el de cajas, del 3,94%. El IRPH del total de entidades, que sobrevive y servirá de base para calcular el nuevo índice cuando corresponda, es del 3,467%. Todos ellos distan mucho, eso sí, del euríbor a un año, cuyo dato oficial de octubre era del 0,541%.

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Anteproyecto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria

El Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que viene a sistematizar la dispersa normativa existente en la materia. De esta forma, se simplifican y se actualizan los procedimientos en aquellos asuntos en los que no hay controversia, pero en los que sí se necesita que intervenga un órgano judicial para la tutela de determinados derechos e intereses relativos al Derecho civil y mercantil.

El texto estudiado distingue entre lo que es propiamente jurisdicción voluntaria, en la que los expedientes son tramitados en sede judicial por jueces o secretarios judiciales, y aquellos otros asuntos que pasarán a ser expedientes notariales y registrales.

Como regla general, los jueces resolverán los expedientes en materia de personas, familia y algunos en materia mercantil y de derecho sucesorio.

La Ley elimina el supuesto de emancipación por matrimonio, antes existía la posibilidad de emanciparse por matrimonio y éste podía contraerse desde los catorce años, edad inferior a la prevista en gran parte de los ordenamientos de los países de nuestro entorno. Sin embargo, la edad para contraerlo se ha elevado a los dieciséis años.

Expedientes registrales: Los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán de esto expedientes, entre los que figurará la convocatoria de junta general de las sociedades, la constitución del sindicato de obligacionistas cuando las entidades no lo hagan y el nombramiento de auditores para el examen de las cuentas anuales.

Expedientes notariales: Los expedientes relativos a la declaración de herederos cuando no haya testamento y la protocolización de los testamentos ológrafos y los otorgados verbalmente salen de la jurisdicción voluntaria para configurarse como expedientes notariales regulados en la Ley del Notariado.

Los notarios también se encargarán de designar al contador-partidor dativo y, en materia de obligaciones fijarán el plazo de cumplimiento de éstas, harán el ofrecimiento de pago y se ocuparán de la consignación de deudas pecuniarias, de lo que también se podrá encargar el secretario judicial.

Igualmente, quedarán en sus manos las subastas voluntarias, los expedientes en materia mercantil, nombramiento de peritos en contratos de seguro, procedimiento para robo o destrucción de títulos al portador y los depósitos y venta de bienes depositados. Además, la Ley prevé que se pueda plantear ante los notarios un procedimiento para la reclamación de deudas dinerarias reconocidas, como alternativa al proceso monitorio, que en cualquier caso podrá plantearse con posterioridad.

El Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria incluye la posibilidad de que los notarios celebren matrimonios. De esta forma, los ciudadanos verán ampliadas las alternativas de las que disponen si optan por el matrimonio.

En cuanto a las separaciones y divorcios, en los casos de mutuo acuerdo e inexistencia de hijos menores o personas con capacidad judicialmente completada, los ciudadanos también podrán acudir al juzgado o al notario, según entiendan más conveniente para sus intereses.

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¿Cuánto salario me pueden embargar?

En estos momentos de crisis son muchos los que han contraído deudas con Hacienda, con un proveedor o con una entidad bancaria, y en ocasiones se hacen la siguiente pregunta ¿pueden mis acreedores recuperar su dinero embargando mi sueldo?

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional, que actualmente corresponde a 645,30 euros.

En cuanto a los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:

En primer lugar, sobre el adicional a este salario mínimo interprofesional, hasta el  doble del mismo, es decir, los siguientes 645,30 euros se retendrá un 30%.

Para la cuantía adicional hasta llegar a tres veces el SMI, se efectuará un embargo del 50% del salario.

Hasta 4 veces el SMI sobre el adicional, la cantidad embargada será de un 60%.

Hasta 5 veces, será de un 75% lo que se embargue.

Y cualquier cantidad que exceda 5 veces el SMI, supondrá un embargo del  90% del salario.

Es importante saber que si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase.

Existen varias excepciones, sobretodo para los casos de impagos de pensión de alimentos. En esta situación no se tendrá en cuenta la regla de los tramos legales, sino que se embargará íntegramente la cuantía en virtud de lo que disponga el juez.

En otro tipo de deudas, el juez podrá dictar una rebaja de entre un 10 a un 15% sobre los porcentajes establecidos en atención de las cargas familiares del deudor.

Y, finalmente, en el caso de deuda hipotecaria, se modifica el límite inembargable fijándolo en 961 euros. Asimismo, en el caso que la deuda no quede saldada con la entrega del inmueble, se aplica otro límite, se incrementa el importe del SMI en un 50%, y más un 30% adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos superiores al referido salario.

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Revisión del correo electrónico por parte de la empresa

Recientemente se ha publicado una Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se resolvía un recurso de amparo sobre los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de comunicaciones en el ámbito laboral.

El recurrente denunciaba la lesión de sus derechos a la intimidad personal, contemplado en el artículo 18.1 de la Constitución Española, y al secreto de las comunicaciones recogido en el artículo 18.3 del mismo texto, entendiendo que mediante la interceptación del contenido de sus correos electrónicos existió una extralimitación por parte de la empresa en sus facultades de fiscalización.

Estos dos derechos se enfrentan plenamente al poder de dirección del empresario, en virtud del cuál se atribuye a éste la facultad de adoptar las medidas de vigilancia y control que estime más oportunas, para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, siempre con respeto a su dignidad.

Sin embargo, ¿dónde se encuentra el límite?¿Cualquier empresa puede inspeccionar los correos electrónicos de sus trabajadores?

La respuesta es no, el Tribunal Constitucional no avala, de manera generalizada, un control e inspección por parte del empresario sobre los correos electrónicos. La decisión de este caso se basa en determinadas circunstancias concretas como, la existencia de un convenio colectivo que establece la prohibición expresa de uso personal del correo electrónico, la falta de expectativa de privacidad surgida precisamente a causa del contenido del convenio colectivo o el cumplimiento de los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas llevadas a cabo por el empresario.

Por todo lo anterior debemos entender que la legalidad de una determinada medida de control llevada a cabo por un empresario dependerá de las características específicas del caso, y la presente sentencia no hace más que fijar unos límites que en ocasiones son difíciles de determinar.

En conclusión, no podemos decir que el empresario pueda fiscalizar bajo cualquier circunstancia y en todo caso el correo electrónico de la persona trabajadora sujeta a su poder de dirección, sino sólo en aquellos casos en los que el trabajador esté advertido, aún de una forma que puede pasar inadvertida, como es que se encuentre establecido en su convenio colectivo, que el correo electrónico corporativo ha de utilizarse únicamente para fines empresariales y no otros, por lo que si el empresario no advierte de esta circunstancia al trabajador, éste no estará legitimado, al menos a la luz de la reciente interpretación del Supremo, para realizar un control y una fiscalización del correo electrónico de sus trabajadores.

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